La sesión 61 del Consejo tendrá lugar en Ginebra del 23 de febrero al 31 de marzo de 2026. Síguenos en esta página y en redes sociales para seguir nuestro trabajo.
Este artículo presenta las diferentes acciones y declaraciones de PBI, implementadas a medida que se llevarán a cabo, así como información sobre los contextos en los que trabaja PBI y las discusiones que se llevarán a cabo en la ONU.
Índice:
Colombia
Contexto de derechos humanos en Colombia
Colombia llega a la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en un contexto de deterioro sostenido de la situación humanitaria y de seguridad, marcado por la reconfiguración del conflicto armado, la expansión de grupos armados ilegales y la cercanía de procesos electorales.
Según ACLED, Colombia se encuentra entre los 15 conflictos armados más intensos del mundo. En 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas, y a mediados de enero de 2026 ya se habían reportado 5 masacres adicionales. La Defensoría del Pueblo identificó al menos 11 focos críticos de emergencia humanitaria, con presencia de actores armados ilegales en el 73% del territorio nacional.
A casi diez años de la firma del Acuerdo de “Paz Total” en 2016, su implementación continúa siendo incompleta y desigual. Se han abierto espacios de diálogo con distintos actores armados, pero no se han establecido garantías suficientes de respeto al Derecho Internacional Humanitario, en particular relacionado al reclutamiento de menores.
Entre enero y agosto de 2025 se registraron 109 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, así como 39 asesinatos de personas firmantes del Acuerdo de Paz durante el mismo año. Entre enero y junio de 2025 se documentaron 342 agresiones, incluidas amenazas, desplazamientos forzados, atentados y desapariciones.
Se registran algunos avances relevantes, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2023) que reconoce el derecho a defender derechos, la aprobación de la Ley de Mujeres Buscadoras (2024) o de la Política de Desmantelamiento de estructuras armadas (2025). No obstante, su implementación sigue siendo lenta o parcial, sin presupuesto y garantías de seguridad.
Colombia en el Consejo de DD. HH.
En esta sesión del consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Colombia. Esta presentación vendrá acompañada por un Debate General donde Estados y sociedad civil podrán expresarse.
Evento paralelo sobre Colombia
En cooperación con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIHDACO), PBI organizará un evento paralelo en las Naciones Unidas que abordará el impacto del aumento de la violencia territorial en Colombia durante el periodo electoral, que afecta especialmente a personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y comunidades.
Guatemala
Contexto de derechos humanos en Guatemala
Guatemala llega a la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos con un contexto de fragilidad democrática estructural. El gobierno de Bernardo Arévalo intenta restaurar la institucionalidad, pero persisten redes de poder que controlan sectores clave, especialmente el sistema judicial. La situación se ha agravado debido a la violencia y los disturbios penitenciarios que han llevado a estados de excepción y se perciben como intentos de influir en las futuras elecciones judiciales de 2026.
La crisis de independencia judicial es un eje central de preocupación. Mecanismos internacionales—como OACNUDH, CIDH y CERD—han documentado la utilización del sistema penal cooptado para perseguir a operadores judiciales independientes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y autoridades indígenas. Se observan procesos penales falsos, abuso de medidas de prisión preventiva y una atmósfera intimidatoria que inhibe la participación en la selección de altas autoridades judiciales, amenazando el Estado de derecho.
Las personas defensoras de derechos humanos e indígenas sufren un deterioro continuo: ataques, amenazas, criminalizaciones y asesinatos aumentan, afectando especialmente a personas defensoras del territorio y medio ambiente. Autoridades ancestrales son encarceladas o exiliadas por defender la constitución, sus derechos colectivos y territorios tras la crisis postelectoral de 2023. Este patrón se ve reforzado por proyectos extractivos y desalojos forzosos sin consulta previa, contraviniendo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y resoluciones judiciales.
Guatemala en el Consejo de DD. HH.
En esta sesión del consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Guatemala. Esta presentación será seguida de un Debate General donde Estados y sociedad civil podrán expresarse.
En julio de 2025, el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopa, visitó Guatemala y presentó su informe de visita en la sesión del consejo. Tras su visita oficial al país, el Relator Especial de la ONU alertó sobre el uso sistemático de desalojos forzosos que afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas y rurales, y exhortó al Estado de Guatemala a establecer una moratoria sobre los desalojos hasta garantizar salvaguardas legales efectivas, procesos de consulta adecuados y mecanismos de protección de derechos humanos.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también expresó preocupación por los desalojos forzosos y pidió al Estado que adopte medidas efectivas para proteger a los Pueblos Indígenas, respetando plenamente sus derechos, incluso mediante una moratoria hasta que se completen el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de sus tierras y recursos.
Evento paralelo sobre Guatemala
PBI en cooperación con ISHR, PICI, Jotay y Franciscans International tendrá un evento paralelo “Retos y recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda adecuada” el 5 de marzo a las 14h en el Palacio de Naciones.
Este evento contará con la participación del relator sobre el derecho a una Vivienda adecuada, Sandra Calel, representante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral y coordinador del gobierno ancestral plurinacional, Luz Emilia Ulario, exalcaldesa de Santa Lucía Utatlán, y será moderado por Yannick Wild de PBI.
Honduras
Contexto de DD. HH. en Honduras
Honduras presenta avances muy limitados respecto al último Examen Periódico Universal y mantiene problemáticas estructurales no resueltas que afectan desproporcionadamente a personas defensoras, mujeres, pueblos indígenas, personas jóvenes y comunidades rurales.
El Mecanismo Nacional de Protección (MNP), creado por el gobierno, sigue siendo inaccesible, ineficaz e independiente. Tras la muerte de Berta Cáceres y Juan López, los asesinatos de personas defensoras ambientales continúan. En 2024, del total de 319 víctimas registradas por la OACNUDH, el 47 % fueron personas defensoras de la tierra y medio ambiente, con amenazas de autoridades estatales, élites empresariales, empresas extractivas o crimen organizado.
Las mujeres defensoras, especialmente indígenas, enfrentan riesgos agravados en un contexto machista. Honduras tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, con una mujer asesinada cada 24 horas. La corrupción sistémica, la captura institucional y la fragilidad judicial erosionan el acceso a la justicia, generando impunidad y desincentivando denuncias. Las restricciones al espacio cívico se dirigen contra actores que cuestionan intereses económicos o políticos; el modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial carece de consulta previa y participación real, lo que lleva a persecución penal, estigmatización y violencia contra quienes defienden el territorio.
Honduras en el Consejo de DD. HH.
En esta sesión del consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Honduras. Esta presentación será seguida de un Debate General donde Estados y sociedad civil podrán expresarse.
En el marco del HRC61, tendrá lugar la adopción del Examen Periódico Universal sobre Honduras. Honduras tiene pendiente decidir si adoptar o notar 243 recomendaciones centradas en garantizar la protección efectiva de personas defensoras, combatir la impunidad mediante investigaciones independientes, fortalecer la independencia institucional, asegurar elecciones creíbles, abordar la violencia de género y resolver los conflictos territoriales y ambientales conforme a estándares internacionales, entre otras.
Nicaragua
El contexto de derechos humanos en Nicaragua
El preocupante autoritarismo del gobierno de Ortega-Murillo ha erosionado el estado de derecho, derogando la independencia judicial con reforma constitucional (2024/2025). Las libertades fundamentales, civiles y políticas están restringidas y se producen arrestos arbitrarios sin garantías procesales a disidentes, periodistas y personas defensoras de DDHH.
El Estado de Nicaragua muestra una política deliberada para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia. El creciente número de desapariciones forzadas es profundamente inquietante, como ha denunciado recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) ha documentado desapariciones forzosas y amenazas de muerte, así como expulsiones de personas críticas, privación de nacionalidad, y denuncia el grave número de violaciones transnacionales de Derechos Humanos acontecidos a las personas en exilio, como el caso del asesinato del activista y opositor Roberto Samcam en Costa Rica. Algunas violaciones documentadas constituyen, “prima facie”, crímenes de lesa humanidad. Todo esto, sin olvidar la gran situación de vulnerabilidad y amenaza a la integridad de los pueblos indígenas y afrodescendientes forzados a desplazarse a Costa Rica.
Los expertos también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad.
Por lo que atañe la sociedad civil, el Grupo de Reflexión de Excarcelados políticos elaboró un informe sobre la persecución y estigmatización que viven después de la excarcelación, las personas que han sido presas políticas.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, en su informe sobre el periodo 2018-2024, identificó represión y persecución contra estudiantes y profesores; el cierre de universidades por motivos políticos, la negación de la documentación académica a estudiantes que se han visto obligados a abandonar los estudios y el irrespeto a la autonomía universitaria.
El colectivo Feminista Las Malcriadas, en coalición con el Movimiento Autónomo de Mujeres, denuncia en su último informe la falta de interés del Estado para combatir la violencia machista, causa de 341 femicidios, y más de 20 mil hechos de violencia sexual en el periodo de 2020-24.
Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos
A finales de octubre de 2025, el GHREN pidió a la comunidad internacional que exija responsabilidades al Gobierno de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales al presentar por primera vez sus conclusiones ante la Asamblea General.
En su labor por la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, el Consejo ha renovado el mandato del Grupo de Expertos de la ONU sobre este país, el cual presentará su informe exhaustivo (A/HRC/61/56) durante el HRC61. El 16 de marzo es la fecha del diálogo interactivo con estados, expertos y observadores. Se evaluará la evolución de las recomendaciones previas dirigidas al Gobierno de Nicaragua.
Evento paralelo
El 17 de marzo de 2026 a las 15 h tendrá lugar el evento paralelo “Nicaragua: Impacto de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en los derechos humanos”. Se examinarán los patrones recientes de detenciones arbitrarias por razones políticas, incluidas las desapariciones forzadas, las violaciones del debido proceso y los regímenes de liberación restrictivos, así como su impacto diferenciado en los grupos vulnerables y las familias de los detenidos, dentro de la actual crisis de derechos humanos desde 2018.
Contará con los testimonios de Kevin Solís, expreso político exiliado en Madrid, donde en noviembre de 2025 se vio amenazado con arma de fuego y Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes, preso político desaparecido desde agosto de 2025. También habrá tres representantes de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-D), Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y un periodista de la CNN+ seguidor de la actualidad nicaragüense, y un experto del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), quien ofrecerá una perspectiva basada en los hallazgos del mandato.
Relatoria sobre personas defensoras de DD. HH.
Informe Temático
La relatora sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, publicó su informe temático Defensa de la dignidad y reivindicación de derechos: los defensores de los derechos humanos se reafirman en los valores universales mientras otros les dan la espalda. En ese informe se describe una crisis profunda del sistema internacional de derechos humanos y, en particular, de la situación de quienes los defienden, pues el sistema internacional de protección también está en una crisis estructural, con mecanismos lentos y limitados. El retroceso democrático, la represión creciente y la falta de compromiso estatal con el derecho internacional han reducido el espacio cívico, en un contexto donde en 2024 se registraron al menos 625 asesinatos o desapariciones de personas defensoras y periodistas, la cifra más alta conocida.
La crisis se agrava por fuertes recortes de financiación en 2024 y 2025, que han debilitado la protección, el apoyo psicosocial, la asistencia jurídica y la capacidad de monitoreo de las organizaciones; el 77 % de las personas defensoras afirma haberse visto afectado. Al mismo tiempo, muchos Estados restringen el acceso a recursos y criminalizan la cooperación internacional. Aunque las normas internacionales de derechos humanos siguen siendo una referencia moral y jurídica para las personas defensoras, su credibilidad se cuestiona crecientemente ante las respuestas desiguales de la comunidad internacional a crisis graves y la falta de aplicación efectiva.
La Relatora Especial plantea reforzar de forma urgente el sistema de protección de quienes defienden los derechos humanos. Sus recomendaciones se orientan a que los Estados cumplan efectivamente el derecho internacional, garanticen financiación sostenible y pongan fin a leyes o prácticas que criminalizan a la sociedad civil. También subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos internacionales, hacerlos más accesibles, rápidos y eficaces, y mejorar su coordinación con redes locales de protección.
Renovación del mandato
El consejo de derechos humanos discutirá en esta sesión la renovación del mandato de la relatoria sobre personas defensoras. En 2023, la membresía del consejo había adoptado la renovación del mandato con la resolución HRC/RES/52/4 por consenso.
Además, en esta sesión se elegirá una nueva titular del mandato para seguir a Mary Lawlor. El grupo consultativo recomendó tres candidaturas, en primer lugar, a la politóloga colombiana Andrea Bolaños Vargas. Ha sido consultora principal para diferentes agencias y equipos país de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y la Oficina del Coordinador Residente en Panamá y Guatemala, así como acompañando a organizaciones de la sociedad civil en América Latina en la incidencia ante diferentes órganos de tratados de Naciones Unidas y el Examen Periódico Universal.Ha trabajado con el Movimiento de Mujeres Guatemaltecas T’zununij’a en el desarrollo de indicadores para dar seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW y el EPU (2018).
Los otros candidatos son Onesmo Olengurumwa, Coordinador Nacional Fundador y Secretario de la Junta Directiva de la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania (THRDC) en la República Unida de Tanzania, y Sarah Leah Whitson, Directora Ejecutiva de DAWN en los Estados Unidos de América.
