Agosto, 2026
Las organizaciones firmantes de esta declaración que hemos dado seguimiento a las negociaciones del Tratado Global de Plásticos desde 2022 queremos expresar nuestra profunda preocupación y alertar a la opinión pública sobre los siguientes hechos:
Desde los primeros meses de 2026 se vienen realizando y, de acuerdo con información oficial disponible, continuarán realizándose únicamente reuniones denominadas “informales” entre jefes de delegaciones gubernamentales, en las que se abordan los temas fundamentales para la negociación del Tratado Global de Plásticos. Dichas reuniones se desarrollan de manera cerrada y confidencial y sin acceso para las organizaciones observadoras, lo que limita gravemente la transparencia del proceso e impide una participación informada de la sociedad civil. Esta situación genera una preocupante opacidad en torno a discusiones clave para el futuro del tratado y margina las voces de las organizaciones de la sociedad civil que defendemos el interés público.
La situación es tal, que durante este año nos ha sido imposible ejercer plenamente este rol debido a la modalidad de trabajo adoptada por el presidente del Comité Intergubernamental de Negociación (INC por sus siglas en inglés), embajador Julio Cordano.
Mientras los jefes de delegación sostienen reuniones para abordar los aspectos sustantivos de la negociación; las organizaciones observadoras hemos sido relegadas a reuniones virtuales con la presidencia del INC. Durante las sesiones, el único mecanismo de interacción disponible es un chat, el cual resulta claramente insuficiente para propiciar un intercambio real. Estos espacios virtuales no sustituyen ni pueden reemplazar la interacción directa entre las organizaciones observadoras y las delegaciones gubernamentales, la cual constituye un componente indispensable para garantizar una participación efectiva y significativa en el proceso de negociación.
Esta modalidad de reuniones en línea con la presidencia del INC solo nos permite conocer orientaciones generales y aspectos organizativos del proceso, información que en gran medida ya es de carácter público y no ofrece oportunidades reales para intercambiar perspectivas con las delegaciones nacionales; presentar evidencia y recomendaciones durante las discusiones sustantivas; ni contribuir al fortalecimiento de las posiciones que los gobiernos llevan a la mesa de negociación.
Creemos firmemente que la participación de las organizaciones observadoras no puede limitarse a recibir información sobre decisiones ya adoptadas o sobre la planificación del proceso. Una participación significativa requiere acceso a espacios donde se discuten los contenidos del tratado y la posibilidad de dialogar directamente con las delegaciones gubernamentales antes y durante la definición de sus posiciones. Excluir a las organizaciones de la sociedad civil de estas instancias, reduce la transparencia del proceso y debilita los principios de participación y rendición de cuentas que deben orientar la construcción de un tratado global de esta relevancia.
Denunciamos que este proceder resulta contrario a los principios y estándares de democracia ambiental, que en nuestra región están consagrados en el Acuerdo de Escazú, particularmente en lo relativo al acceso a la información, la participación pública y la transparencia en asuntos ambientales. Dichos principios exigen que los procesos de toma de decisiones se desarrollen bajo criterios de apertura, oportunidad y participación efectiva de los actores interesados.
Por lo que resulta jurídicamente paradójico que el presidente del INC, quién fue promotor del Acuerdo de Escazú en la región adopte modalidades de trabajo que no se ajustan al principio de progresividad, reconocido en el derecho ambiental internacional como una obligación de avanzar de manera sostenida en la ampliación y fortalecimiento de los derechos de acceso.
En este sentido, la implementación de espacios cerrados y la restricción de la interacción sustantiva entre organizaciones observadoras y delegaciones gubernamentales constituyen una clara regresión en los estándares de participación previamente alcanzados en el propio proceso de negociación, debilitando las garantías mínimas democráticas que deben regir la elaboración de un instrumento internacional de esta naturaleza. En definitiva, se están implementando modalidades que restringen la incidencia efectiva de las organizaciones observadoras.
Más preocupante aún es que el presidente del INC haya solicitado a las organizaciones observadoras designar representantes únicos entre nuestros integrantes. De implementarse esta medida, se profundizará la distancia entre las organizaciones y las delegaciones gubernamentales, limitaría la diversidad de voces y reduciría la riqueza de los aportes científicos, técnicos, territoriales y de política pública que las organizaciones trasladamos directamente a nuestros gobiernos durante las negociaciones.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la protección de la salud humana, la salud planetaria, los ecosistemas y la ciencia independiente, denunciamos que hemos sido excluidas de espacios de discusión en los que se definen aspectos esenciales del tratado. Esta situación ha limitado nuestro acceso oportuno a los debates; dificultado conocer la evolución de las posiciones gubernamentales y restringido nuestra posibilidad de aportar evidencia científica independiente, conocimientos técnicos y experiencias de los territorios directamente afectados por la contaminación por plásticos.
Nuestro papel como sociedad civil es acompañar las negociaciones, conocer y analizar las posiciones de nuestros gobiernos y contribuir a fortalecer la toma de decisiones mediante evidencia y recomendaciones independientes libres de conflictos de interés de la industria, que incorporen las realidades de las comunidades y territorios afectados y estén orientadas a la protección del interés público, los derechos humanos, la salud humana y planetaria y los ecosistemas.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado al presidente del Comité Intergubernamental de Negociación, embajador Julio Cordano, y a la Mesa Directiva del INC para que restablezcan mecanismos que garanticen una participación efectiva, directa y significativa de las organizaciones observadoras en todas las etapas del proceso de negociación.
Un tratado global sobre los plásticos sólo podrá aspirar a ser legítimo, sólido y ambicioso si se construye mediante un proceso transparente, inclusivo y respetuoso de los principios de la democracia ambiental.
Firmantes:
Acción Ecológica México, México
Aliança Resíduo Zero Brasil
Alianza Basura Cero Chile
Alianza Basura Cero Ecuador
AMAR Associação de Defesa do Meio Ambiente
BREAK FREE FROM PLASTIC
Centro de tecnologías aplicadas de Argentina
CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador
Coalición Ciudadana Antiincineración, Argentina
Colectivo Ecologista Jalisco, México
Colectivo Tz’unun Ya’ -Guatemala
El Poder del Consumidor, México
FAS, PANAMA
FUNAM, Argentina
Fundación Agua Clara, Venezuela
Fundación PlastiCo. Project, Ecuador
Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA
Manos Abiertas La Bandada, Argentina
Mingas por el Mar, Ecuador
Organización Ecologista Piuke, Argentina
RADA, Chile
RAPAL, Uruguay
Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente. República Dominicana
Taller de Comunicación Ambiental, Argentina
Taller Ecologista, Argentina
Toxisphera Associação de Saúde Ambiental, Brasil
