Cathy Durón, de 25 años, maestra de preescolar en Nogales, Arizona, tenía 35 semanas de embarazo cuando empezó a sangrar. Ya estaba arropada para pasar la noche en la casa que comparte con su esposo, Juan Antelo, sus siete gatos, cuatro perros y muchas plantas.
Esa noche de enero de 2025, Durón y Antelo se reían de la barra de chocolate que él se había comido, y que era de ella. Un trozo se le quedó atrapado en la garganta, así que se levantó por agua. Fue entonces cuando la sangre le corrió por las piernas. Había sangrado en otros momentos durante el embarazo, pero esta vez no se detenía.
La pareja subió a su automóvil, salió del Parque de Casas Móviles de Preston poco antes de la medianoche y condujo tres millas hasta el Hospital Carondelet Holy Cross, el único hospital de acceso crítico de 25 camas en esta ciudad fronteriza de 20,000 habitantes, donde Cathy fue llevada de urgencia a una cesárea debido a un desprendimiento prematuro de placenta.
En las primeras horas del 9 de enero de 2025, Antelo, quien también estaba en la sala de operación, exclamó: “¡Ya salió!”, y Durón escuchó llorar a su hija. Llamaron a su primera hija Sahuari, inspirados por el querido cactus sonorense, el saguaro. Al nacer, pesó apenas tres libras y trece onzas.
Entre las 4 y las 5 de la mañana, Sahuari fue trasladada en helicóptero, sin sus padres, al Centro Médico Universitario Banner de Tucson, donde fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Antelo condujo hasta Banner para estar con su bebé, mientras Durón pasó otro día recuperándose en el Hospital Carondelet Holy Cross. Tras recibir el alta, fue a casa para ducharse y preparar una maleta; luego condujo 70 millas hasta Tucson, apenas 48 horas después de la cirugía.
“Me dolía muchísimo, pero creo que mi mente de alguna manera lo bloqueó, porque tenía que ir a estar con ella”, recordó Durón. Las directrices médicas nacionales recomiendan un período de recuperación de al menos dos semanas antes de que una mujer conduzca después de una cesárea. Sin embargo, como muchas otras comunidades pequeñas a lo largo de la frontera, Nogales no cuenta con una UCIN ni una unidad de cuidados intensivos (UCI).
La salud de las madres y sus bebés es un tema particularmente delicado en Arizona, donde la tasa de mortalidad materna ha superado durante mucho tiempo el promedio nacional: 30.4 frente a 17.9 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Cada año, alrededor de 900 mujeres en Arizona sufren complicaciones graves durante el parto, y muchas más desarrollan afecciones crónicas, como diabetes gestacional y presión arterial alta, durante el embarazo.
En la vasta extensión de Arizona, el sexto estado más grande de Estados Unidos, el lugar donde vive una mujer puede determinar cómo termina su embarazo. La crisis resulta particularmente evidente en zonas rurales remotas, pueblos fronterizos y colonias: asentamientos predominantemente hispanohablantes, a menudo no incorporados y con recursos insuficientes, ubicados dentro de un radio de 150 millas de la frontera entre Estados Unidos y México.
“El lugar donde vives importa en términos de aquello a lo que tienes acceso”, afirmó Martín Celaya, jefe de la Oficina de Evaluación y Análisis del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Celaya fue coautor de la Evaluación de Necesidades de Salud Materna e Infantil del Título V del estado para 2020, que identifica las necesidades más urgentes de salud materna e infantil en Arizona y las prioriza para recibir financiamiento. Los informes forman parte de una asociación federal-estatal destinada a mejorar la salud de las madres y los niños.
“Lo que aprendimos de las colonias en nuestro trabajo es que, aunque enfrentan algunas barreras similares a las que vemos en otras partes del estado, estas se agravan mucho más debido a la naturaleza de su ubicación, del lugar y de lo que tienen disponible”, señaló Celaya.
Para comprender mejor la magnitud del problema y documentar las experiencias de las mujeres que enfrentan estas crisis acumulativas, The Margin se desplazó a los condados de Santa Cruz y Yuma y habló con más de dos docenas de mujeres en cocinas, estacionamientos, vestíbulos y salas de espera de centros de salud ubicados en edificios consulares de Yuma, San Luis, Somerton, Dateland, Nogales y Río Rico.
Las entrevistas con investigadores, profesionales de la salud y funcionarios estatales, junto con registros del estado —incluidos los relacionados con la regulación de pesticidas—, muestran cómo la superposición de problemas ambientales hace que el embarazo en las zonas fronterizas de Arizona sea particularmente difícil y riesgoso. Los pesticidas, la contaminación del aire y del agua, y el calor extremo agravan la escasez de proveedores de salud y las largas distancias necesarias para recibir atención médica.
Las agencias estatales de Arizona con la facultad de investigar y regular los riesgos que la contaminación ambiental representa para la salud materna e infantil no examinan esta intersección de factores.
“Actualmente no existe colaboración entre nuestros programas de Salud Materna e Infantil y el Departamento de Agricultura de Arizona en relación con la exposición a pesticidas y la salud materna o infantil”, declaró Juan Pablo Martín, director de medios del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, en una respuesta enviada por correo electrónico a The Margin.
PARTE DOS
A unas 300 millas al oeste de Nogales, a lo largo de la frontera, en Somerton, una localidad del condado de Yuma, Karina, de 37 años, empezó a llorar de felicidad cuando vio dos líneas en su prueba de embarazo.
Karina, quien se mudó de México a Estados Unidos por amor, ya tenía un hijo adolescente llamado Luis, pero este sería el primer embarazo de la pareja.
Como decoradora de eventos, Karina se puso inmediatamente a trabajar en el anuncio de su embarazo. “Preparé un mameluco pequeño, un letrero que decía: ‘Papá, ya voy en camino’, puse unos globos e hice una pequeña pieza de punto de cruz para anunciarle que iba a ser papá’, contó Karina.
“Simplemente no podía esperar; me moría de ganas de decírselo”, añadió.
A finales de junio de 2025, Karina se realizó una ecografía que trajo más buenas noticias: esperaban gemelos. “Escuchamos sus latidos”, relató.
Durante los primeros dos trimestres de su embarazo, la familia vivió en una casa alquilada cerca de un campo de maíz, en el vecindario Las Estrellas de Somerton. “Era mi patio”, dijo.
Fundada en 1898, Somerton —que hasta 2010 era considerada una colonia económicamente desfavorecida en las afueras de la cabecera del condado de Yuma— es ahora una localidad agrícola de rápido crecimiento, con unos 15,000 habitantes. La comunidad está rodeada de tierras de cultivo, por lo que vivir cerca de un campo no es inusual.
Como potencia agrícola, Yuma cultiva 175 productos distintos, la mayoría de ellos verduras de hoja verde.
Por las noches, Karina escuchaba el zumbido de las avionetas que sobrevolaban la zona fumigando los campos con pesticidas. “El ruido de las avionetas era definitivamente muy fuerte”, afirmó.
Investigadores han relacionado la exposición a agentes ambientales tóxicos —incluidos los pesticidas— con el parto prematuro y el bajo peso al nacer, así como con el cáncer infantil, el trastorno del espectro autista y otros problemas del neurodesarrollo.
Varios estudios publicados entre 2024 y 2026 por Melissa Furlong, epidemióloga ambiental de la Universidad de Arizona, vinculan la exposición a pesticidas con la diabetes gestacional, la muerte fetal y una puntuación de Apgar más baja, una evaluación del estado de un recién nacido realizada pocos minutos después del parto.
“El simple hecho de vivir a menos de 500 metros de estas aplicaciones de pesticidas se asocia con la diabetes gestacional”, afirmó Furlong. “Obviamente, es malo para la madre. Y también para el bebé”.
La contaminación de los campos, el ruido de las avionetas sobrevolando y el calor extremo hicieron que la familia permaneciera mayormente en interiores. En agosto de 2025, las temperaturas superaron los 100 grados Fahrenheit durante al menos 28 días, y los 109 grados durante al menos 15 días.
A principios de ese agosto, durante su primera consulta prenatal, Karina descubrió que uno de sus gemelos había dejado de desarrollarse. “Nos dijeron que no ha resultado; el otro bebé se quedó muy pequeño”, contó Karina entre lágrimas. La pareja ya había compartido con sus amigos y familiares la noticia de que esperaban gemelos.
A Karina también le diagnosticaron placenta previa, una afección en la que la placenta se implanta en la parte baja del útero y cubre total o parcialmente el cuello uterino, lo que provoca sangrado espontáneo. Su embarazo se consideraba de alto riesgo. Angustiada por el bebé que sobrevivía, Karina pidió varias ecografías a domicilio, solo para asegurarse de que el corazón de su hija siguiera latiendo.
La ley de Arizona no exige una distancia mínima entre las tierras de cultivo y las viviendas de las personas. En su lugar, las normas estatales exigen zonas de amortiguamiento durante la aplicación de pesticidas “olorosos” y “altamente tóxicos” por parte de los operadores agrícolas. Sin embargo, esta regla solo entra en vigor si al menos 25 residencias colindan con el campo.
Según un recuento realizado por The Margin, la familia de Karina vivía en una de las 17 casas situadas a lo largo del borde occidental del campo. Registros públicos obtenidos mediante la ley estatal de acceso a registros públicos revelan que, en 2025, se usaron permetrina, pronamida y bensulida —ingredientes activos de pesticidas vinculados por Furlong y otros investigadores con efectos adversos para la salud— en los campos cercanos a su hogar.
Aunque la calle donde vivía Karina no contara con una zona de amortiguamiento, la deriva de pesticidas hacia viviendas particulares infringe la ley estatal. Registros públicos adicionales obtenidos por The Margin muestran que las sanciones por esta violación son poco frecuentes.
Entre abril de 2022 y marzo de 2026, el Departamento de Agricultura de Arizona investigó seis casos de deriva de pesticidas e infracciones de las zonas de exclusión para la aplicación. Solo dos de ellos resultaron en sanciones de 213 y 85 dólares, respectivamente.
Karina dio a luz por cesárea a Emily, una bebé sana de mejillas regordetas, el 12 de enero de 2026.
Desde entonces, Karina y su familia se han mudado fuera de Las Estrellas. En junio, estaba sentada con las cortinas cerradas dentro de su casa de un nivel, revestida de estuco, durante una tarde calurosa y luminosa. Karina lleva el cabello con highlights, y se le marcan hoyuelos al hablar. El día de junio en que habló con The Margin, vestía un vestido veraniego de chambray.
Fotos familiares y flores decoraban la espaciosa sala de estar, pintada de gris claro. Karina, recostada sobre almohadas en el sofá, acunaba a la bebé Emily, envuelta en un vestido rosa que evocaba el algodón de azúcar, con un lazo en la cabeza.
Es imposible determinar si las complicaciones del embarazo de Karina fueron causadas por la exposición a pesticidas o por algún otro factor. Vincular una exposición con resultados individuales es difícil, incluso para los investigadores que estudian el tema.
“Es muy difícil estudiar los pesticidas porque los biomarcadores son muy transitorios”, afirmó Furlong. En otras palabras, los rastros biológicos de los pesticidas salen del cuerpo rápidamente. Sin embargo, las investigaciones muestran que incluso una exposición breve puede tener efectos duraderos.
PARTE 3
En 2013, un equipo de investigadores del Mel and Enid Zuckerman College of Public Health de la Universidad de Arizona clasificó los pesticidas utilizados en el condado de Yuma que representaban mayor peligro para la salud humana. Maneb, metam sodio, trifluralina, pronamida y bifentrina encabezaron esta preocupante lista. Según su investigación, estos ingredientes activos provocan cáncer, alteración endocrina y toxicidad reproductiva y del desarrollo.
Doce años después, cuando Karina estaba embarazada, tres de los cinco pesticidas más peligrosos —trifluralina, pronamida y bifentrina— todavía se utilizaban en el condado de Yuma, de acuerdo con datos que The Margin recibió del Departamento de Agricultura de Arizona.
También se utilizaron otros pesticidas peligrosos, incluidos los piretroides beta-ciflutrina y permetrina; y los organofosforados acefato, bensulida y dimetoato, que Furlong relacionó con la diabetes mellitus gestacional. Además, se emplearon ciflutrina, zeta-cipermetrina, carbaril, clorhidrato de formetanato y varios pesticidas vinculados con la muerte fetal.
Otros registros obtenidos por The Margin del Departamento de Agricultura de Arizona muestran que, en 2025, los agricultores del condado de Yuma rociaron más de 600,000 libras de pesticidas en sus campos. Estos cócteles químicos tienen 170 nombres diferentes.
Según la investigación de Furlong, si una persona vive dentro del radio de una zona de exposición de 500 metros, su salud puede verse comprometida. Esta distancia es 16 veces mayor que la actual política de Arizona, que establece una zona de amortiguamiento de 100 pies para pesticidas altamente tóxicos.
En Yuma, extensas hectáreas de granjas fumigadas con pesticidas terminan justo donde comienzan los patios traseros de las viviendas.
“Tu patio podría estar literalmente a un metro del borde del campo donde fumigan pesticidas”, afirmó Furlong.
En los últimos cinco años, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona ha comenzado a recopilar datos sobre enfermedades relacionadas con los pesticidas. Entre 2020 y 2025, se registraron 3,980 casos de enfermedades relacionadas con pesticidas sin especificar; 92 de ellos en Yuma. Es probable que la cifra esté subestimada.
Mariana Sandoval, demócrata, representa al Distrito 23 —que incluye parcialmente el condado de Yuma— en la Cámara de Representantes de Arizona. Originaria de California, donde las regulaciones ambientales son más estrictas, Sandoval ha defendido durante años restricciones para ciertos tipos de pesticidas.
En enero de 2026, volvió a presentar un proyecto de ley, HB 2472, que habría restringido la venta y el uso de pesticidas neonicotinoides, perjudiciales para las abejas y, potencialmente, para los seres humanos. La iniciativa no avanzó en el comité.
Sandoval considera que la regulación de los pesticidas es un asunto dividido según las líneas partidistas. “En la legislatura estatal de Arizona, los republicanos han estado al mando durante los últimos 60 años, y son un partido que favorece una menor regulación”, afirmó.
Según Sandoval, el compromiso de Arizona con la industria agrícola y su influencia en la economía estatal han dado como resultado poca regulación y un alto costo para quienes trabajan o viven cerca de las granjas.
“Nuestras leyes ambientales son muy débiles en Arizona, y ese es parte del problema”, dijo. “Las protecciones frente a toxinas y contaminantes no existen al mismo nivel que en otros estados”.
El senador estatal republicano de Arizona Tim Dunn, agricultor del condado de Yuma, y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Michael Carbone, no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Margin.
PARTE 4
Durante diez días después de dar a luz, Cathy Durón durmió en un sillón reclinable en la UCIN, junto a su hija Sahuari, quien era alimentada mediante una sonda. “Cabía en una caja de zapatos”, contó.
Finalmente, cuando Sahuari aumentó algo de peso, Durón pudo llevarse a su hija a casa y comenzar a recuperarse.
Nogales cuenta con un centro de salud comunitario, el Mariposa Community Health Center, y un hospital rural, Carondelet Holy Cross, que atienden la mayoría de los embarazos sin complicaciones y realizan cesáreas de emergencia en menos de 30 minutos, un estándar de excelencia en obstetricia. Carondelet Holy Cross —que estuvo en riesgo de cerrar en mayo de 2025 debido a recortes federales a Medicaid— es uno de los cinco hospitales de acceso crítico, de un total de 17 ubicados en condados rurales de Arizona, que aún atienden partos. Durante más de cuatro décadas, Mariposa Community Health Center ha acompañado a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Sin embargo, la escasez de recursos y de personal se siente de manera particularmente aguda en este lugar.
“Operamos nuestro departamento de obstetricia y ginecología con pérdidas considerables: perdemos alrededor de 2.9 millones de dólares solo en nuestros servicios de trabajo de parto y parto”, dijo a The Margin Amy Taylor, directora ejecutiva de Mariposa.
Las mujeres que viven en esta ciudad fronteriza deben viajar a Tucson si sus embarazos se consideran de alto riesgo o si necesitan atención especializada.
La realidad es aún más grave para las mujeres que viven en comunidades rurales remotas, colonias o condados enteros —como La Paz y Greenlee— que no cuentan en absoluto con servicios de salud reproductiva ni atención para el trabajo de parto y el parto.
“Aunque no hay mucha gente, sí hay personas en estas comunidades y en zonas agrícolas, ganaderas y mineras; hay personas de edad reproductiva que tienen que averiguar cómo llegar a recibir atención”, explicó Erin McMahon, directora del Programa de Enfermería Obstétrica de la Universidad de Arizona, quien ha atendido durante más de dos décadas a personas embarazadas, incluso en comunidades pequeñas y con recursos insuficientes.
Dateland es una pequeña colonia con recursos limitados, donde las mujeres enfrentan algunas de las distancias más largas del estado para llegar a unidades de parto. Rodeada de millas de tierras de cultivo salpicadas de árboles que producen los dátiles que dan nombre a la zona, Dateland también es extremadamente vulnerable a la deriva de pesticidas.
Este pequeño asentamiento en el desierto, una colonia certificada a nivel federal y ubicada junto a la Interestatal 8, se encuentra a 67 millas de Yuma y a 118 millas de Phoenix. Muchas mujeres de Dateland y comunidades cercanas viajan durante horas para recibir atención prenatal o atención durante el trabajo de parto y el parto.
The Margin entrevistó a María Elena Oñate, de 59 años y residente de Dateland, quien llegó a Arizona desde México cuando tenía 17 años.
Antes de mudarse a Dateland, vivía 20 millas al noreste, en Hyder, donde tuvo a sus cuatro hijos. Recibió atención prenatal en Gila Bend, a 47 millas de distancia. Para dar a luz en Phoenix, tuvo que recorrer 115 millas —o dos horas de trayecto en un solo sentido—.
Su hija Lisa, de 33 años y residente en una zona cercana, tuvo a sus hijos en Yuma, a una hora de distancia.
Pasar horas en carretera durante el embarazo puede convertirse rápidamente en una situación de vida o muerte, especialmente cuando los viajes ocurren durante prolongados periodos de calor extremo. En 2026, Arizona registró el segundo verano más caluroso de su historia, con extensos periodos de temperaturas máximas diarias superiores a los 116 grados Fahrenheit en Phoenix y Yuma, y temperaturas nocturnas que se mantenían por encima de los 90 grados altos.
Datos estatales de un informe de 2020 reflejan una correlación directa entre la distancia recorrida para recibir atención médica y las complicaciones graves que ponen en riesgo la vida durante el parto.
“Vas por una carretera, conduciendo una o dos horas, y afuera hay 120 grados Fahrenheit; se te pincha una llanta y aquí no hay sombra. No hay ningún lugar donde detenerse al costado”, dijo McMahon al describir las circunstancias que enfrentan muchas mujeres en las zonas más remotas de Arizona.
PARTE 5
Durante su primer año de secundaria, hace casi 11 años, Cathy Durón conoció a quien sería su futuro esposo, Juan Antelo, gracias a la madre de él. Lo describió como un “hijo hermoso y muy agradecido”. Al principio, Durón no estaba muy entusiasmada con Antelo, pero, admitió, “fue muy constante y se ganó mi corazón”.
Ahora la pareja lleva cuatro años viviendo en el Parque de Casas Móviles de Preston, al norte de Nogales. Está ubicado a pocos minutos de la transitada Interestatal 19.
Durón ha vivido la mayor parte de su vida en parques de casas móviles y, aunque Preston se encuentra cerca de la transitada Interestatal 19, donde los vehículos emiten contaminación al aire, sus calles amplias, áreas verdes y vecinos amables lo han convertido en un hogar muy querido.
“Es un vecindario bastante tranquilo, y los vecinos se cuidan unos a otros”, dijo. La gallina de una vecina pone un huevo en el porche de su casa todos los días, excepto los domingos. “Es el día de Dios”, dijo Durón entre risas.
Sahuari, su hija, es alta y delgada. Y, como otros niños pequeños de su edad, se lleva rápidamente todo a la boca.
A Durón le apasiona la jardinería y tiene un huerto junto a su casa móvil: un mandarino, una higuera y un manzano con una sola manzana verde esperando ser recogida. Hay cactus por todas partes. Un pequeño columpio rosa se mece suavemente desde la rama de un árbol. Una manguera de agua serpentea por el suelo. Durón recuerda que, cuando era niña, bebía agua de la manguera todo el tiempo y que le sabía muy bien.
Hoy en día, la gente suele evitar beber agua del grifo en Nogales.
Ambos Nogales —o “los dos Nogales”— son ciudades gemelas divididas por el muro de acero de la frontera entre Estados Unidos y México, de catorce pies de alto y dos millas de largo.
Del lado de Arizona, Nogales es una ciudad tranquila de unos 20,000 habitantes; esta cifra se duplica fácilmente a diario con los visitantes que cruzan desde México. Al otro lado de la frontera, Nogales, Sonora, es una ciudad bulliciosa de 264,000 habitantes y más de 100 maquiladoras: fábricas y plantas de propiedad extranjera, orientadas a la exportación, que han sido la columna vertebral de su economía desde la década de 1960 y una causa silenciosa de daños para los residentes de ambas ciudades.
Sin que la frontera internacional lo impida, los residuos tóxicos de las maquiladoras, los humos de la quema de basura y resinas, y las aguas residuales sin tratar contaminadas con metales pesados atraviesan la frontera por el agua, el aire y las llantas de los camiones, desplazándose hacia el norte desde la mayor elevación de Nogales, Sonora, hasta Nogales, Arizona.
La seguridad del agua es un problema persistente de justicia ambiental en Ambos Nogales.
El casi seco Nogales Wash —un importante canal de drenaje y afluente del río Santa Cruz que atraviesa las dos ciudades gemelas— se ha convertido en un vertedero de todo tipo de residuos tóxicos, basura y aguas residuales sin tratar procedentes de Nogales, Sonora. Parte de esos desechos no es capturada por el Interceptor Internacional de Descargas, el oleoducto transfronterizo que transporta diariamente alrededor de 14.74 millones de galones de aguas residuales desde México hasta la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales, en Rio Rico, Arizona.
Las tuberías envejecidas del Interceptor y el Nogales Wash filtran cadmio, plomo, cobre y zinc, además de cloro y bacterias, hacia las aguas superficiales y los acuíferos, lo que amenaza el agua potable de la región. Durante los monzones, el canal se llena de agua de lluvia. Junto con los arroyos —corrientes de aguas pluviales que rápidamente se convierten en peligrosas inundaciones repentinas—, cuando llueve, las calles de Nogales se transforman en violentos ríos de lodo.
En enero de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos asignó 12.5 millones de dólares para las “necesidades urgentes de operación y mantenimiento del Interceptor Internacional de Descargas en Nogales, Arizona”. Los fondos fueron aprobados por el Senado y el presidente Trump los promulgó como ley el 3 de febrero de 2026. Los trabajos de mantenimiento aún no han comenzado.
Al igual que en el caso de Karina, es imposible afirmar de manera definitiva si la contaminación en Nogales pudo haber influido en el caso de Durón. Cuando estaba embarazada, su equipo médico no le brindó orientación sobre los riesgos ambientales, a pesar de las directrices del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.
La principal organización profesional de obstetras y ginecólogos recomienda que los médicos actúen de manera proactiva para informar a las pacientes embarazadas sobre los riesgos para la salud que pueden causar los contaminantes ambientales.
En 2013, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) recomendó a los profesionales de la atención obstétrica que aprendieran sobre los riesgos para la salud asociados con los contaminantes ambientales e incluyeran preguntas sobre la exposición ambiental en las consultas previas al embarazo y en la atención prenatal. En 2021, ACOG publicó una actualización de esta recomendación que la reafirmó.
“Los profesionales de la atención obstétrica no necesitan ser expertos en ciencias de la salud ambiental para proporcionar información útil a las pacientes y, cuando se identifique una exposición peligrosa, derivarlas a los especialistas adecuados si es necesario”, señaló la asociación.
Como parte de sus esfuerzos por abordar la crisis de salud materna en todo el estado, cada cinco años el Departamento de Servicios de Salud de Arizona publica una serie de informes para investigar y mitigar las principales amenazas para la vida y la salud materna e infantil.
A pesar de la evidencia sobre los efectos de la exposición a contaminantes en la salud materna, los riesgos ambientales no se toman en cuenta en la elaboración de estos informes.
Aunque las madres de Arizona que viven en la frontera, como Durón y Karina, enfrentan múltiples tipos de contaminación ambiental, todas las mujeres con las que The Margin habló en Arizona dijeron que no recibieron orientación durante sus consultas prenatales sobre las toxinas de los pesticidas ni sobre los riesgos documentados que estas representan para su salud.
La Dra. Sona Jasani, integrante del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y médica en el Hospital Northwell Norwalk, en Connecticut, no se sorprende. Las directrices de 2013 y su actualización de 2021 recomiendan recopilar datos más sólidos para alcanzar el estándar óptimo de atención. Y, por supuesto, no se trata de una obligación. Su implementación en la práctica no es obligatoria.
“Incluso si lees estas directrices, puede ser realmente difícil preguntarse: ‘¿Cómo las implemento exactamente en mi práctica? ¿A qué recursos recurro para saber cuáles son las exposiciones a las que está sometida la población de pacientes de mi región?”, dijo la Dra. Jasani, al compartir su opinión personal sobre los posibles desafíos de implementar las directrices. “Puede ser muy difícil para un profesional preguntarse: ‘Bueno, ¿qué debería preocuparme respecto de mis pacientes? ¿Sobre qué debería orientarlas realmente?’”
Después de que nació Sahuari, el médico de Durón le dijo que su placenta no se había implantado correctamente al principio y que continuó desprendiéndose lentamente durante su embarazo. Investigaciones emergentes indican que los factores ambientales, particularmente la contaminación del aire, podrían provocar el desprendimiento de la placenta.
Pero, en última instancia, dijo la Dra. Jasani: “No hay respuestas sobre por qué estas mujeres tuvieron estas experiencias. No podemos responder de manera definitiva por qué ocurrió esto”.
Al recordar los primeros días de vida de su hija, Durón se pregunta cómo logró superar esos momentos difíciles y espera que el camino de Sahuari sea más fácil.
“Solo quiero que crezca en un mundo en el que esté bien, saludable y querida”, dijo Durón. “Mi sueño es hacer que su vida sea alegre”.
Este reportaje fue producido por The Margin, una redacción independiente y sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación y basado en datos sobre justicia ambiental y climática. Suscríbete gratis aquí.
Nota de la editora: Karina es un seudónimo utilizado para respetar la solicitud de seguridad, privacidad y anonimato de la fuente.
Stephanie Cassonova colaboró en el reportaje. Este trabajo periodístico contó con el apoyo de la Beca de Periodismo sobre Salud Pública del Instituto de Periodismo del National Press Club, financiada por la Common Health Coalition. Fue traducido por el equipo de Yale Climate Connections.
This article first appeared on Yale Climate Connections and is republished here under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. ![""]("https://i0.wp.com/yaleclimateconnections.org/wp-content/uploads/2020/10/ycc-favicon.png?resize=100%2C100&ssl=1")
