La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por importantes desafíos democráticos. A pesar de los avances desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el país enfrenta debilidades estructurales en sus instituciones, bajos niveles de confianza en el sistema electoral y un entorno político caracterizado por polarización, desinformación y conflictividad. Las elecciones de 2023 evidenciaron estas tensiones, mostrando la vulnerabilidad del sistema ante disputas institucionales y riesgos de retroceso democrático.
En este escenario, el proyecto busca fortalecer el ecosistema electoral a través de tres líneas principales: el desarrollo de capacidades del Tribunal Supremo Electoral y actores clave para mejorar la integridad del proceso y la confianza ciudadana; el fortalecimiento de la sociedad civil y los medios de comunicación en observación electoral, verificación de información y promoción de la participación —con énfasis en jóvenes, mujeres y población indígena—; y la promoción de espacios de diálogo multiactor orientados a impulsar reformas políticas y electorales que favorezcan una gobernabilidad democrática sostenible.
El proyecto involucra a actores clave como el Tribunal Supremo Electoral, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, lideresas políticas, organizaciones de mujeres, votantes y la comunidad internacional, con especial énfasis en la inclusión de grupos históricamente marginados para asegurar una participación más equitativa.
Entre los resultados esperados destacan el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Tribunal Supremo Electoral, el desarrollo de competencias en la sociedad civil y los medios para el monitoreo electoral, la mejora en la calidad de la información disponible para la ciudadanía y la implementación de mecanismos de protección para actores democráticos, incluyendo la prevención de la violencia política de género en entornos digitales. Asimismo, se promoverá la generación de acuerdos y propuestas de reforma que contribuyan al fortalecimiento del sistema político y electoral.
Para ello, el proyecto contempla acciones como capacitaciones especializadas, apoyo a redes de observación ciudadana, campañas informativas, producción de contenidos en idiomas indígenas, iniciativas de alfabetización digital y mecanismos de protección para actores en riesgo. También prevé la creación de espacios de diálogo, talleres y conferencias para facilitar el intercambio entre actores políticos, sociales e institucionales, especialmente en el periodo postelectoral.
La iniciativa incorpora enfoques transversales de igualdad de género, inclusión, derechos humanos y sensibilidad al conflicto, y adopta un enfoque de ciclo electoral que abarca las etapas previas, durante y posteriores a las elecciones, con el fin de asegurar un impacto sostenido. En conjunto, el proyecto promueve un enfoque integral basado en la coordinación y el diálogo entre múltiples actores, contribuyendo a fortalecer la integridad electoral, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático del país.
