Bolivia está enfrentando su peor temporada de incendios en más de dos décadas, amenazando ecosistemas únicos, incluyendo el Bosque Seco Chiquitano, lo que llevó al gobierno a declarar un desastre nacional. El bosque es uno de los bosques secos tropicales más grandes e intactos del mundo.
El presidente Luis Arce firmó la declaración en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más afectada por los incendios, y explicó que “la declaración de desastre busca activar la ayuda internacional”. El mandatario también reconoció el 6 de octubre que el país sufre “uno de los desastres naturales más grandes”. Según un reporte publicado por la Fundación Tierra, una organización boliviana que se dedica a la investigación para la promoción del desarrollo rural, el área quemada al 30 de septiembre es de 10,125 millones de hectáreas. Este número supera el récord histórico registrado en el año 2019 de aproximadamente 5,3 millones de hectáreas quemadas.
Según los críticos, la falta de acciones preventivas por parte del gobierno ha empeorado las condiciones de vida de miles de bolivianos, especialmente debido a la mala calidad del aire. Según ellos, la respuesta gubernamental, además de ser lenta, ha agravado la crisis.
“La respuesta del gobierno nacional es pésima. Es el quinto año en que los incendios están afectando a las mismas regiones del país y no se han tomado medidas drásticas en contra de quienes inician los incendios”, señala Jhanisse Vaca Daza, fundadora de Ríos de Pie, un movimiento de no violencia que defiende el ambiente y los derechos humanos en Bolivia.
Personas como Vaca Daza argumentan que las motivaciones políticas relacionadas con las próximas elecciones obstaculizan la acción oportuna y plantean preocupaciones sobre intereses ocultos-como la industria agrícola- detrás de la deforestación. La débil aplicación de las leyes ambientales y la expansión agrícola están vinculadas a la destrucción de ecosistemas vitales. También persisten dudas sobre la capacidad del gobierno para hacer cumplir las regulaciones sobre quemas controladas.
Vaca Daza explica que las autoridades en el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipios no han logrado una mejor coordinación ni han implementado nuevos sistemas o estrategias para hacer frente a los incendios de manera más eficaz.
Los incendios llevan tres meses ocurriendo, afectando principalmente a las regiones de Santa Cruz y Beni, donde la frontera agrícola y ganadera ha aumentado en los últimos años.
Santa Cruz, en la parte oriental de Bolivia, es el departamento más grande y una de las regiones más desarrolladas económicamente del país. Su capital, Santa Cruz de la Sierra, es la ciudad más grande de Bolivia. Al norte de Santa Cruz se encuentra el departamento de Beni, una región menos poblada pero rica en biodiversidad, famosa por sus vastas áreas de selva y llanuras.
Se han perdido más de 10 millones de acres
Desde el inicio de 2024 hasta mediados de septiembre, se han registrado más de 29,000 alertas de incendios en el país, con el 90% de ellas concentradas a partir del 1 de julio. Aproximadamente el 70% de estos incendios están afectando bosques primarios, ecosistemas críticos que ayudan a mantener la biodiversidad, respaldan los medios de vida de las comunidades locales y juegan un papel clave en el almacenamiento y secuestro de carbono. El término “secuestro de carbono” se refiere al proceso mediante el cual los ecosistemas, como los bosques, absorben dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera y lo almacenan en forma de carbono en su biomasa (troncos, ramas, hojas, y raíces) y en el suelo. Este proceso es crucial para mitigar el cambio climático, ya que reduce la cantidad de CO₂ en la atmósfera., un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.
La contaminación ambiental causada por los incendios ha interrumpido la educación
El Ministerio de Educación recomendó cambiar a clases virtuales en todas las escuelas de Santa Cruz, Beni, Pando y la ciudad de La Paz. Hasta el momento, 1,289 escuelas han sido afectadas por el humo de los incendios forestales, según el Ministerio, tal como lo informa UNICEF.
Los expertos afirman que los efectos agravantes del cambio climático están empeorando gravemente la crisis, y las consecuencias están en línea con lo que los científicos han advertido que podría convertirse en la norma. “Esto es exactamente lo que todos los modelos climáticos han estado prediciendo durante 20 años o más”, dijo a Grist Steve Schwartzman, director sénior de política forestal en el Fondo de Defensa Ambiental, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York en Estados Unidos. Erika De Berenguer Cesar, ecóloga de bosques tropicales en la Universidad de Lancaster, Reino Unido, teme que, si no se toman medidas drásticas, la gente algún día podría recordar 2024 como un año típico. “Va a empeorar mucho, mucho más.”
Bolivia no es el único país afectado
Sudamérica enfrenta incendios devastadores, con fuegos que alcanzan niveles sin precedentes, afectando incluso ecosistemas que suelen ser húmedos, como la selva amazónica. Las altas temperaturas y la sequía persistente, impulsadas por el evento de El Niño que finalizó este año, junto con los efectos prolongados de la deforestación y el cambio climático, han permitido que las llamas se propaguen por millones de hectáreas y afecten a varios países.
Datos satelitales analizados por la agencia de investigación espacial de Brasil, INPE, identificaron un récord de 346,112 focos de incendios en lo que va del año en los 13 países de América del Sur. Todo ese humo está asfixiando grandes extensiones del continente de tal manera que los satélites de la NASA capturaron las columnas de humo desde una distancia de 1 millón de millas.
De acuerdo con información publicada por el portal INFOBAE, el fenómeno del fuego involucra a múltiples actores y no puede ser atribuido a un único sector, ya sea agropecuario, económico o social. La mayoría de los incendios forestales se concentran en las áreas donde se está expandiendo la frontera agrícola, que están marcadas por conflictos y disputas sobre la tenencia de la tierra. Además, los incendios coinciden con una temporada de sequía y altas temperaturas vinculadas al cambio climático causado por seres humanos.
Gabriela Keseberg Dávalos, analista política y ecologista, también critica la respuesta gubernamental.“El gobierno boliviano ha respondido de manera insuficiente y por demás tardía. Aunque este año hubo presión significativa de la calle, de activistas, de algunos miembros clave de la oposición y de la prensa, además de la contaminación que llegó incluso a La Paz, la respuesta fue principalmente motivada por el año preelectoral y las divisiones internas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).”
Según Keserberg Dávalos las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2025 influyen en la forma en que el gobierno aborda los incendios.
El actual presidente representa al MAS, un partido político de izquierda y liderado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. “Se logró la abrogación de leyes “incendiarias”, llamadas así porque incentivan la quema o la dejan impune, y se recibió ayuda internacional. Pero falta un cambio de mentalidad a nivel societal sobre la importancia crucial de la naturaleza. Lamentablemente, estas medidas no tendrán un impacto inmediato y las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas quemados y las comunidades afectadas son desgarradoras”, agregó la ecologista.
En Bolivia, ciertas leyes y políticas fomentan el uso del fuego y permiten que las prácticas de quema queden sin castigo. Por ejemplo, la Ley de Agroforestería, promulgada en 2012, incentiva la expansión agrícola y suele resultar en prácticas de desmonte y quema de vegetación. Esta ley establece que “la reconversión de tierras forestales a tierras agrícolas se considera una prioridad para el desarrollo económico” (Ley N° 337 de 2012). Además, el Decreto Supremo N° 1048 facilita la ocupación de tierras fiscales para actividades agrícolas, lo que permite a los agricultores realizar quemas sin la debida supervisión. La débil aplicación de sanciones para la quema ilegal y las irregularidades en la titulación de tierras también contribuyen a la impunidad, ya que permite que muchos actúen sin consecuencias.
¿Intencionalidad en la pérdida de bosque?
Una de las críticas más fuertes que se han planteado en torno a los incendios forestales en Bolivia es la posible existencia de intereses ocultos detrás de la deforestación. Activistas y expertos señalan que, más allá de los factores ambientales, podría haber razones políticas y económicas detrás de la destrucción del bosque.
“La Amazonía no se está quemando porque quiere quemarse, la están quemando. Están acabando con uno de los biomas más importantes del planeta”, dijo la activista indígena de Ecuador, Patricia Gualinga, del pueblo Kichwa de Sarayaku, durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de la Semana del Clima en Nueva York que llevó a cabo la última seman de septiembre.
En un artículo de Mariel Cabero, experta en Justicia Ambiental, publicado en la página del Comité Nacional de Países Bajos afirma que las políticas gubernamentales en Bolivia han contribuido significativamente a los incendios forestales en curso, particularmente en el Bosque Seco Chiquitano. Las políticas que promueven la expansión agrícola, incluyendo la limpieza de tierras para el cultivo de soja, maíz y la ganadería, han sido motores clave de la deforestación. Estas políticas a menudo priorizan el crecimiento económico sobre la protección ambiental, lo que lleva a una extensa limpieza de tierras a través de prácticas como la agricultura de roza y quema. La débil aplicación de las leyes de deforestación y los incentivos de las políticas gubernamentales para el cambio de uso de la tierra, como el apoyo a la producción de biocombustibles, han alentado a las agroindustrias a expandirse hacia áreas boscosas, a menudo sin las adecuadas salvaguardas ambientales.
“Como activista me atrevo a denunciar que hay una intencionalidad en la pérdida de bosque para poder ampliar la frontera agrícola, y el espacio también para los grupos que el gobierno relocaliza para poder subir sus votos y aumentar su presencia en un área que es tradicionalmente de oposición al gobierno central. Aparte de esto existen intereses ilegales como el narcotráfico y el tráfico de animales silvestres. Se han atacado a bomberos y voluntarios por parte de narcotraficantes”, afirma Vaca Daza.
El debate en torno a las leyes que regulan las quemas controladas ha generado críticas sobre su eficacia en la protección de áreas forestales. Aunque estas legislaciones pretenden prevenir incendios descontrolados, muchos expertos cuestionan su implementación y la capacidad del estado para llevarlas a cabo adecuadamente. Al respecto, Vaca Daza señala: “Estas leyes hablan de quemas controladas, pero el estado no tiene la capacidad de controlar las quemas y esto se evidencia en su lenta e insuficiente capacidad de respuesta. Se evidencia en millones de áreas pérdidas anualmente desde 2019. Si el estado no tiene capacidad para controlar las quemas no puede aprobar esas leyes”.
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