Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025. – Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para denunciar la aprobación “fast track” y “en lo oscurito” de la nueva Ley General de Economía Circular, impulsada por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué y elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) junto con el sector privado.
Con pancartas que decían “LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR = LICENCIA PARA CONTAMINAR” y “QUEMAR BASURA MATA”, activistas exigieron frenar de inmediato el avance legislativo de esta iniciativa y abrir un proceso real de consulta pública con comunidades, especialistas y sociedad civil.
Las organizaciones Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Asociación Ecológica Santo Tomás, No Es Basura (NEB) y Greenpeace México denunciaron que esta ley es una “simulación” y que su elaboración excluyó por completo la participación ciudadana, violando el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a garantizar la participación pública en asuntos ambientales.La propuesta también incumple obligaciones judiciales previas, incluyendo un amparo que ordena legislar para prohibir los plásticos de un solo uso.
Las organizaciones calificaron la ley como un “retroceso ambiental y social”, y señalaron cuatro motivos clave por los que no debe ser aprobada:
1. Apuesta por la incineración y no por la prevención
La iniciativa sitúa a la termovalorización (incineración de basura) como eje central, ignorando el principio básico de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera.
Las organizaciones recalcan que este proceso no es limpio ni renovable, genera gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos altamente tóxicos, y requiere grandes volúmenes de basura, incluidos materiales reciclables.
Mientras tanto, alternativas como el ecodiseño, la reducción de envases o la reutilización pueden evitar contaminación, reducir emisiones y generar más empleos que la incineración.
2. Privilegia intereses económicos sobre la salud y el ambiente
Aunque la iniciativa se presenta como ambiental, privilegia criterios económicos. La Secretaría de Economía tendría un rol central en aprobar acuerdos, dejando en segundo plano la salud, la protección ambiental y los derechos humanos.
Además, abre la puerta a “falsas soluciones”, como bonos verdes y créditos de carbono, que permiten a las empresas evitar cambios reales en sus procesos contaminantes.
3. Mantiene el modelo lineal y debilita la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
La propuesta no busca transformar la forma en que se diseñan, producen o consumen los productos. No incorpora medidas para promover durabilidad, reparación y reutilización.
Sin estas herramientas, el país continúa atrapado en el modelo de “usar y tirar”, que depende de extracción constante de recursos y genera altos costos ambientales y económicos.
Si bien se menciona la REP, su implementación sería gradual y flexible, excluyendo impactos sociales y de salud vinculados a todo el ciclo de vida de los productos.
4. Excluye a la sociedad civil y omite la salud pública
La ley carece de indicadores sanitarios, mecanismos de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, y tampoco considera una coordinación con el sector salud.
Para las organizaciones, omitir la voz de las comunidades genera leyes injustas, poco efectivas y sin legitimidad social. Ignorar la salud pública solo incrementa desigualdades y eleva costos futuros en atención médica.
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa es contraria al mandato principal de SEMARNAT: proteger el ambiente y la salud de la población. En lugar de promover la reducción de residuos y la transición hacia modelos sostenibles, la ley normaliza prácticas contaminantes y debilita el marco legal existente, y afirmaron, no responde a la magnitud del desafío socioambiental del país.
