La segunda juramentación del Presidente Donald Trump trae consigo varias órdenes ejecutivas sobre diversos temas importantes para el país y en especial para la isla de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos. Muchas de estas acciones eliminan las políticas implementadas durante las administraciones de los Presidentes Barak Obama y Joe Biden, que buscaban reducir los efectos del calentamiento global. Además, estas órdenes intentan reducir la financiación federal para la ciencia, tecnología y el medio ambiente.
Una de las órdenes ejecutivas que impactó a todo el planeta es la que establece la retirada de Estados Unidos del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático. Con esta decisión, Estados Unidos deja de comprometerse a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, lo que, en realidad, permite un aumento de dichas emisiones. Este cambio ocurre en un contexto de creciente frecuencia y severidad de olas de calor, acumulación récord de contaminantes climáticos en la atmósfera, y un 2024 que fue un año marcado por huracanes devastadores, como Beryl, Helene y Milton, que causaron daños millonarios y numerosas víctimas.
Otra repercusión de la salida del Acuerdo de París es que Estados Unidos ya no estará obligado a contribuir al fondo destinado a financiar la transición energética hacia energías renovables en los países en desarrollo. Esto limita las posibilidades de estos países para alcanzar la meta de emisiones netas cero para 2050. A su vez, podría provocar que otras naciones desarrolladas retrasen su cumplimiento de dicha meta.
El aumento de las emisiones de dióxido de carbono y metano tiene un impacto directo en el cambio climático global, lo que contribuirá al incremento de la temperatura promedio del planeta, por encima de los niveles considerados seguros. En Puerto Rico, esto acelerará el aumento del nivel del mar, afectando a numerosas comunidades costeras que pierden decenas de metros de playa cada año. La infraestructura crítica también se verá amenazada por esta subida del nivel del mar, al igual que la salud pública, ya que el calor extremo se intensificará, afectando especialmente a nuestros adultos mayores y niños.
Otra de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump prohíbe la construcción de nuevas instalaciones de energía eólica marina, mientras que promueve la generación de energía nuclear mediante la creación de mini reactores a lo largo del país. Esto limita las posibilidades de Puerto Rico para desarrollar energía renovable, dadas nuestras limitaciones territoriales y los conflictos en torno al uso del suelo. Incluyendo la alta sismicidad de la isla hace que la energía nuclear represente un riesgo considerable.
Por otro lado, una de las medidas declara una emergencia energética solo para fuentes de energía fósil y las plantas que las utilicen, mientras que otra elimina los subsidios para la energía renovable. Estas decisiones retrasan la transición hacia energías limpias en Estados Unidos y también en Puerto Rico, al mismo tiempo que prolongan el uso de combustibles fósiles, lo que resulta en un aumento de las emisiones de carbono de dióxido y metano y, por ende, de la temperatura global.
Es fundamental advertir a los tomadores de decisiones sobre el impacto desproporcionado que Puerto Rico sufrirá en comparación con los estados continentales de EE. UU.. Ante la nueva política federal, que favorece el uso de combustibles fósiles, elimina los subsidios para energías renovables y elimina las restricciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, el archipiélago debe tomar medidas para proteger la vida, la propiedad y la infraestructura crítica necesaria para garantizar la viabilidad de nuestra sociedad.
El Huracán María, que impactó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 como una tormenta de categoría 4, dejó consecuencias devastadoras. Sus efectos fueron catastróficos, afectando gravemente el sistema eléctrico, lo que provocó un apagón en toda la isla que duró más de tres meses. Se encontró que la cantidad de lluvia que ocurrió durante el paso Huracán María por Puerto Rico fue cinco veces más probable debido al cambio climático. También se vieron gravemente afectadas las redes de comunicaciones y de agua. Esta tragedia puso en evidencia la vulnerabilidad de nuestra infraestructura ante los nuevos desafíos climáticos, resultando en más de 3,000 muertes indirectas.
Además, el Presidente Trump estaría considerando la posibilidad de eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lo que significaría que la asistencia federal en casos de emergencia podría fluir directamente hacia los estados, siendo que Puerto Rico es solo territorio estadounidense. FEMA ha ayudado a reparar carreteras, puentes, instalaciones de agua y otros componentes críticos de la isla. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios carecen de los fondos suficientes para llevar a cabo esta recuperación, lo que significaría un peligro para la población de la isla, quedando totalmente desamparada.
En Puerto Rico se creó el Comité de Experto y Asesores, en Cambio, Climático por el propósito de crear el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico este plan es una herramienta vital que debemos implementar con urgencia, desde abril de 2024 está en la legislatura puertorriqueña para su discusión y aprobación. Es fundamental que la nueva legislatura y la gobernadora de Puerto Rico tome en cuenta este plan y para prepararnos adecuadamente para los retos que presenta el calentamiento global.
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