Una pregunta que uno de nuestros lectores nos envió fue:
¿Qué pueden hacer las islas del Caribe para poder tener soberanía alimentaria?
Le pedimos a nuestro escritor contribuyente, el Dr. Luis Alexis Rodríguez Cruz, que nos ayudara a responder esta pregunta.
Antes de responderte, como buen profesor y científico, quiero que definamos soberanía alimentaria para que estemos en la misma página: La soberanía alimentaria se refiere al derecho que tienen las personas, los pueblos, a decidir sobre los procesos que rigen sus sistemas alimentarios y a producir alimentos saludables y culturalmente relevantes a través de una agricultura sustentable.
Se refiere, además, a tener injerencia y derecho sobre las dinámicas de producción, distribución, consumo, de políticas públicas, entre otros elementos que controlan un sistema alimentario. Este concepto fue propuesto en el 1996 por La Vía Campesina, organización internacional que reúne miles de personas campesinas, agricultoras y pescadoras, para llenar los vacíos del discurso o narrativas imperantes que rodean el concepto de seguridad alimentaria que ha dominado, informado y dirigido procesos de política pública en distintos niveles de nuestras sociedades.
‘La seguridad alimentaria se logra cuando “todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable”, según lo define la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. La soberanía alimentaria aboga por eso, sin obviar las estructuras que promueven la vulnerabilidad social, la injusticia y la inequidad.
Puede ser complicado hablar de soberanía alimentaria en una región donde persisten relaciones neocoloniales de extracción económica y dinámicas de plantaciones que dominaron el paisaje caribeño por muchos años: monocultivos industriales de azúcar y otros productos para exportación. Por lo que todavía hoy existen estructuras que perpetúan la vulnerabilidad social que se vive.
Cabe destacar que las islas del Caribe no son solo islas, sino que son naciones y archipiélagos, territorios no incorporados y departamentos de ultramar. Muchas de las islas de la región no cuentan con soberanía territorial y política. Por lo que varían los niveles de injerencia que se puedan tener sobre cada sistema alimentario. Por ejemplo, Puerto Rico como territorio no incorporado de Estados Unidos, por estar bajo una relación neocolonial, no puede libremente establecer acuerdos comerciales con otras islas. Pero es necesario y urgente, no solo hablar de soberanía alimentaria, sino de practicarla y de resaltar los múltiples ejemplos que existen y que nos dejan saber que sí hay soberanía alimentaria y que esta se debe expandir.
El año pasado colaboré con el Instituto Caribeño para la Agroecología en un estudio que buscaba hacer una radiografía del estado de la agroecología, de ese enfoque que promueve la producción de alimentos, salvaguardando el bienestar social y ambiental, para aportar a la soberanía alimentaria. Se identificaron cientos de proyectos agroecológicos en más de 12 islas-archipiélagos, incluyendo fincas, organizaciones de base, instituciones académicas y proyectos gubernamentales que aportan a la soberanía alimentaria de la región. Pronto se publicarán los resultados que pueden ser de interés para tu pregunta. Una parte de él está informado por entrevistas que se les hicieron a personas de distintos sectores del sistema alimentario de siete islas. Entonces, algo básico que pueden hacer las islas del Caribe, las personas, los gobiernos, para poder encaminarnos hacia una mayor soberanía alimentaria —como hicimos para ese estudio— es escuchar a quienes labran la tierra y pescan en sus aguas. ¿Qué necesitan esas personas para lograr tener un buen vivir? ¿Qué necesitan para depender de producir comida para quienes habitamos estas islas? ¿Qué cambios, dentro de las posibilidades de cada lugar, se pueden hacer para lograr mayor injerencia sobre las dinámicas que componen cada sistema alimentario?
Aun ante los retos coloniales o de mercados internacionales, cada isla tiene distintos niveles de injerencia para modificar políticas públicas y estructuras regulatorias existentes para que se alineen a las necesidades actuales de esas personas, de la agricultura y pesca local. Por ejemplo, gran cantidad de la producción agrícola en el Caribe se da en fincas de alrededor de 2 hectáreas (2-5 acres), pero muchas leyes y regulaciones gubernamentales se enfocan en apoyar producciones grandes en fincas industriales. De igual manera, se promueve y apoya una importación de productos que socava producciones locales. Eso fue un tema común que se identificó en el estudio. Recordemos que muchas personas que trabajan en la agricultura o la pesca enfrentan diversos retos económicos y sociales que les dificultan acceder muchas veces a los incentivos que existen o a los mercados locales. Sin embargo, aun dentro de esas realidades hay distintos ejemplos de lo posible.
Por ejemplo, en Puerto Rico hay varias iniciativas, como fideicomisos y cooperativas, que están apoyando el acceso justo a terrenos agrícolas y a productos locales. Son iniciativas que demuestran cómo se practica y se genera soberanía alimentaria.
Por lo tanto, los gobiernos de las islas del Caribe deben decidir apoyar a sus agricultores y pescadores, entendiendo que son un sector diverso que practica distintos enfoques. Claro, la soberanía alimentaria propone cambios estructurales que pueden ser difíciles de implementar a corto plazo. Además, los sistemas de gobierno en el Caribe pueden no estar abiertos a la gobernanza participativa o policéntrica. Pero eso no impide que se puedan hacer modificaciones para que las leyes y regulaciones actuales se ajusten a esas producciones de menor escala.
No se puede obviar que el sistema capitalista actual, enfocado en la extracción, incide sobre el sistema alimentario global. Sin embargo, eso no es excusa para evadir posibilidades de concretizar espacios donde se pueda lograr una mayor soberanía alimentaria, donde se pueda poner en práctica ese derecho que tienen todos los pueblos de decidir sobre su comida, sus tierras y su futuro, salvaguardando el bienestar social y ambiental.


