La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés) y el movimiento Break Free From Plastic (BFFP) presentan un análisis inédito sobre las políticas relacionadas con los plásticos en América Latina y el Caribe. Este informe busca ofrecer una visión integral sobre los avances legislativos en la región.
El análisis revela que 23 de 34 países (68%) en LAC cuentan con algún tipo de legislación nacional específica sobre plásticos, lo que representa un avance significativo, especialmente considerando que la mayoría de estas leyes han sido promulgadas en la última década. Sin embargo, es imperativo que ahora los esfuerzos se concentren en la implementación efectiva de estas normas.
La subregión del Caribe sobresale con una cobertura legislativa del 100%, evidenciando un compromiso regional más uniforme con la regulación de plásticos. No obstante, a pesar de que países como Jamaica y Barbados han propuesto sistemas de implementación escalonada con supervisión, la realidad es que en la zona aún hace falta un considerable trabajo por hacer en el área de implementación.
Por otro lado, Centroamérica y México muestran la menor progresión, con solo el 38% de los países implementando legislación nacional, a pesar de contar con ejemplos destacados como Costa Rica y Panamá. Sudamérica registra un avance moderado, con un 50% de los países con leyes nacionales; Brasil y Argentina, por ejemplo, han hecho progresos significativos a nivel municipal o estatal, aunque con marcos nacionales todavía limitados.
Felipe Torres, PhD. especialista en prevención de residuos e investigador de la Universidad de São Paulo, quien también es asesor de proyectos para GAIA y BFFP, subraya que “la crisis del plástico es un desafío global que requiere marcos regulatorios sólidos y específicos. Este trabajo reúne los esfuerzos realizados en América Latina y el Caribe para enfrentar esta crisis. Sin embargo, la aprobación de leyes nacionales es solo el primer paso: es crucial implementarlas, fiscalizarlas y ajustarlas para garantizar su efectividad, logrando así que la transición hacia sistemas productivos más sostenibles sea una realidad tangible”.
El Tratado global de plásticos se presenta como una “oportunidad histórica” para catalizar y armonizar políticas, proporcionando un marco común que impulse la convergencia normativa y facilite el intercambio de mejores prácticas entre los países líderes, como los del Caribe, hacia aquellos con marcos menos desarrollados.
Alberto Quesada, consultor de políticas en Costa Rica, señala que “la sociedad civil tiene un rol fundamental y necesario para acompañar los procesos de implementación. En ese sentido destaca que “los primeros fiscalizadores son los ciudadanos”. Explica que “quienes están en el día a día actuando como personas consumidoras, tienen la gran posibilidad de ser el termómetro o la principal línea para conocer si se están aplicando o no efectivamente estas normativas. Claro que también los estados deberían tener mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a reportar, a denunciar o a solicitar información”.
Asimismo, Tatiana Bastos, del Instituto de Direito Coletivo Brasil, agrega que “también es la función de la sociedad civil hacer seguimiento con las herramientas que tiene, inclusive la judicialización. Hay leyes y hay normas que podemos llevar a juicio para que sean efectivas.Yo pondría esta herramienta de llevar a la justicia las reglas que ya existen”. Además destaca que “tenemos que darle importancia a la disponibilidad de datos entre la sociedad civil. Necesitamos que exista calidad en la disponibilidad de esos datos y utilizarlos en nuestras reivindicaciones”.
Alejandra Parra, de Alianza Basura Cero de Chile y RADA Chile, también resalta que “el trabajo de las organizaciones es la solución de muchas de las problemáticas” y asegura que “la sociedad en su conjunto es capaz de generar un efecto en el trabajo legislativo”.
A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos estructurales comunes para una implementación efectiva. Algunos países como Ecuador, reportan una implementación limitada a pesar de contar con marcos legales robustos. La influencia de grandes corporaciones multinacionales también juega un papel crucial, a menudo priorizando sus intereses económicos sobre la implementación de estrategias nacionales. Muchos países enfrentan dificultades para identificar alternativas viables.
El informe concluye que la próxima década será crucial para consolidar estos marcos regulatorios, mejorar su implementación efectiva y avanzar hacia una mayor armonización regional.
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Sobre el informe: El mapa fue elaborado mediante una metodología rigurosa que incluyó una búsqueda exhaustiva de normativa gubernamental y la aplicación de encuestas a miembros de los movimientos GAIA y BFFP en la región. La información resultante fue sometida a un ejercicio analítico para identificar tendencias, avances y desafíos. Disponible aquí.
Sobre GAIA: La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), agrupa a 130 organizaciones en América Latina y el Caribe y más de 1.000 organizaciones en más de 90 países, cuya visión común es promover estrategias basura cero, para construir una sociedad donde el uso de recursos respete los límites ecológicos y las comunidades locales sean reconocidas como gestoras socioambientales.
Sobre BFFP: Break Free From Plastic (BFFP) es un movimiento global que trabaja para alcanzar un futuro libre de contaminación plástica. Desde su lanzamiento en 2016, más de 13.000 organizaciones e individuos de todo el mundo se han unido al movimiento para exigir reducciones masivas de los plásticos de un solo uso y para impulsar soluciones duraderas a la crisis de contaminación plástica. Los miembros del movimiento BFFP trabajan en conjunto para traer cambio sistémico, abordan la contaminación plástica en toda la cadena de valor de los plásticos, desde la extracción hasta la eliminación, enfocándose en la prevención en lugar de curar.
